LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA Y LA MASONERIA.
La introducción de las Logias en España se producía justo cuando la Inquisición ya había iniciado una decadencia, que le llevaría a la definitiva extinción en el siglo XIX.
La política reformista de los Borbones no sólo desplazó a la Inquisición, en cuanto institución, de los círculos influyentes del poder, sino también a ciertos grupos sociales (amplios sectores del clero y numerosos títulos nobiliarios) que, de acuerdo con sus intereses, defendían unas formas políticas caducas y unas ideas religiosas integristas. Tales grupos se introdujeron como oficiales (por lo general, a título honorífico) en la Inquisición utilizando sus estructuras, que aún estaban vigentes, para oponerse a la política ilustrada. Por ello, cuando en 1789, estallaba la Revolución Francesa, tales sectores sociales tuvieron suficientes argumentos para atacar ante el monarca los programas ilustrados de sus antepasados, cuyas ideas habían llevado al caos a la nación vecina.
La invasión de Napoleón y los primeros intentos constitucionales en España sirvieron para definir con más precisión las características y aspiraciones de estos sectores. Además de la defensa de la Inquisición y del catolicismo integrista que practicaban, ahora añadieron (frente a los ideales de la incipiente burguesía) la defensa del absolutismo en política y el carácter nacionalista (frente a los afrancesados) con el que presentaron sus ideales. Cuando Fernando VII restauró el absolutismo (1814), tales grupos no dudaron en apoyarlo y ponerse a su servicio. La hora de la Inquisición y de todos aquellos que la apoyaban había llegado. El Santo Oficio no reducía su campo de acción solamente a lo religioso (perseguir herejes), sino también a lo político. Esta evolución conlleva, asimismo, la distinción de dos períodos en la persecución a la Masonería.
El primer período comprende desde 1738, fecha en la que fue condenada la Masonería por la Santa Sede y en la que se mandó a la Inquisición que la persiguiera, hasta 1789. Durante esta etapa, dominan los aspectos religiosos sobre los políticos en la persecución a la Masonería, según se desprende de los procesos inquisitoriales.
El segundo período se extiende entre 1768 y 1820, fecha de la supresión definitiva de la Inquisición, en el que la Revolución Francesa y sus repercusiones en España hicieron que hubiera una identificación del fenómeno revolucionario y de su ideología con la Masonería, por lo que se comprende fácilmente el predominio de los aspectos políticos sobre los religiosos que guiaron a la Inquisición en su persecución a la Masonería.
Pero los afrancesados no fueron los únicos de ser acusados de masones, también se incluyó en tal categoría a los liberales, tras la restauración del absolutismo por Fernando VII (1814). No parece que los diputados gaditanos pertenecieran a la Masonería durante el tiempo en que duraron las Cortes de 1812; sin embargo, la Inquisición así los consideró como demuestran las listas que realizó tras su restauración, en 1814, en las que aparecen inscritos gran parte de ellos.
http://www.masoneriamurcia.org/index.php/masoneria/masoneria-en-espana
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